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El Salvador. La mayoría de las personas migrantes, tarde o temprano, buscan ocuparse económicamente en los países en donde se encuentran, con tal de obtener ingresos para asegurar su bienestar o el de aquellos que han dejado atrás. Aunque el acceso a empleo es un derecho humano que debe garantizarse independientemente de la nacionalidad, las personas migrantes suelen enfrentar mayores barreras al insertarse laboralmente, especialmente bajo esquemas decentes.
 Según estimados del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, cerca de 5.86 millones de personas habían emigrado de algún país miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en 2017. Más del 50% de ellas procedían de El Salvador y República Dominicana; y más del 75% se había marchado a Estados Unidos. Si bien, la mayoría de los países de la región posee un perfil emigratorio predominante, la inmigración internacional ha aumentado en comparación al 2000. En mayor o menor medida, los países de región son el punto de tránsito o destino de diferentes flujos migratorios. En 2017, había 1.29 millones de personas inmigrantes en la Región SICA. Más del 40% procedían de algún país de la Región. Esta llegada de personas inmigrantes se acompaña del retorno de los que se fueron incluso hace más de 25 años. Muchos de ellos, vuelven de manera involuntaria. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se deportó a 76,045 personas nacidas en algún país del SICA en 2016, lo cual representa 57,343 personas de las registradas en el 2000.
 
Ante este contexto, funcionarios técnicos de diferentes instancias del sector social, económico y ambiental del SICA, investigadores de universidades y centros de pensamientos de Centroamérica y expertos de la sociedad civil, gobierno y organizaciones internacionales se reúnen para identificar fórmulas de gestión de conocimiento que contribuyan al desarrollo de políticas públicas de inclusión sociolaboral para personas migrantes más efectivas, en un marco de integración regional; y encontrar caminos que permitan mejorar las condiciones de vida en uno de los corredores migratorios más dinámicos del mundo.
 
Esta Jornada de diálogo técnico denominada “Migración e inclusión: fórmulas de gestión de conocimiento para el desarrollo de políticas públicas de inclusión sociolaboral para personas migrantes más efectivas, en un marco de integración regional”, tiene como punto de partida la presentación de una caja de herramientas producida por el Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (OCADES/SISCA), con el apoyo financiero de la Cammina - Alianza para las Migraciones en Centroamérica y...; así como el análisis diferentes realidades migratorias para la inclusión sociolaboral, las prioridades de los procesos de integración para las mismas y las sinergias a construir en materia de gestión de conocimiento a favor de la mejora de las políticas públicas.
 
Más allá de números, la migración es un fenómeno con múltiples matices, a partir de la nacionalidad, la raza, la etnia, el género o la edad de las personas migrantes, pero también el régimen de bienestar al cual acceden las personas migrantes, en su país de origen, tránsito, destino y retorno; así como, otros factores estructurales y coyunturales. Si bien, la migración puede originarse a partir de diferentes motivos -no necesariamente económicos-, está intrínsecamente asociada con las dinámicas de inclusión sociolaboral que operan en los territorios involucrados en el proyecto migratorio.
 
Los resultados de esta jornada se convertirán en insumos para la formulación de instrumentos regionales que operativicen el abordaje de la línea estratégica sobre la gestión integral de la migración internacional, con un enfoque de derechos, plasmada en la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP) 2018-2030; la dimensión social de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística del SICA; y las medidas de adaptación de la Estrategia Regional de Cambio Climático. Además, promoverán el desarrollo de nuevas líneas de investigación y alianzas técnico-académicas para la generación de la evidencia aplicada a las políticas públicas regionales.
 
 

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