Centroamérica. La actual crisis es una ventana de oportunidad para repensar el papel del Estado en el desarrollo económico y social de las naciones. Desde diversos ámbitos se ha evidenciado la importancia de una mayor presencia de lo público como defensor de los bienes públicos y el interés colectivo.
“Esta es una crisis global con un matiz integral, lo que significa que el desarrollo de políticas nacionales por separado resta efectividad y podrían considerarse ineficaces, esto sin duda con las lecciones aprendidas de crisis anteriores”, manifestó Jorge Onrubia, Profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Es aquí donde el rol de las políticas fiscales de medio y largo plazo se vuelven cada vez más urgentes, tras la superación de la emergencia sanitaria, y la transición hacia la fase de recuperación económica y social. Para ello, es importante abordar la necesidad de un nuevo pacto fiscal que redefina el papel de lo público en la fase de recuperación, así como los instrumentos necesarios para desarrollar políticas fiscales contra cíclicas que permitan una salida vigorosa e inclusiva.
Carola Pessino, Economista Principal de la División de Gestión Fiscal del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfatizó que las medidasque implementan los países, impactarán en la caída de la actividad económica. “Hemos debido aumentar el gasto para solventar estas actividades: mantener la cuarentena, empleados informales, sostener empresas y sostener el sistema hospitalario; es importante mejorar las instituciones fiscales, necesitamos tener marcos fiscales a mediano plazo, reglas fiscales que se cumplan hacia la sostenibilidad”, añadió.
Ante esta situación, no se puede esperar que los sectores públicos de los países en desarrollo carguen con el peso de estas repuestas fiscales. Las limitadas capacidades de generación de recursos, así como las crecientes presiones macroeconómicas, obligan a repensar el rol de la cooperación internacional y buena parte de su instrumental y criterios de apoyo a estos países.
“Hace más de un siglo no teníamos una crisis que impactara de esta forma. Ahora el gran problema será financiar la deuda, porque la capacidad de incrementar los impuestos hoy es difícil, aún en países que tributan un poco. La crisis será más grande, más profunda. El tema es financiar los gastos. Tendremos que reestructurar los presupuestos de gastos y redefinir los tributos. Si bien la crisis es global, la salida de la crisis será diferente para cada país. La política fiscal no puede ser igual en todos los países", expresó Márcio F. Verdi, Secretario Ejecutivo del Ciat Centro Interamericano.
En este sentido, la crisis de la COVID-19 parece el momento indicado para redimensionar el papel de lo público en el plano sanitario, de la protección social y de la reactivación económica, y, por tanto, el papel de las políticas fiscales como palanca que movilice los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos.
Por eso, dos de los retos en materia de integración es trabajar en lo económico y en una política de protección social mucho más regional, con la posibilidad de tener estándares de desarrollo social al igual que en otros países. “Hablamos de políticas y programas sociales de carácter universalistas, de lo que mandan las constituciones de los países. Parte del logro de esta crisis, es salir con más derechos y no con menos derechos a nivel social", comentó Jonathan Menkos, Director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (
Icefi).
Los panelistas del webinario “Nuevo pacto fiscal, políticas fiscales contra-cíclicas y el nuevo rol de lo público en la recuperación”, moderado por Inmaculada Zamora, Secretaria General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (
FIIAPP), concluyeron que la crisis no terminará en el 2020 e hicieron énfasis en que puede durar de 3 a 4 años.
Por su parte, el representante de la ICEFI detalló que ante esta crisis se espera la pérdida de 1.8 millones de empleos en la región centroamericana; y que 3 de cada 10 que se pierdan estarán en el sector formal y más o menos 7 empleos en el sector informal.
También destacó que el aumento de la pobreza podría significar entre 320 mil y 1 millón 300 mil personas más en condiciones de pobreza, teniendo en cuenta que en muchos países de la región los saldos de la deuda pública no dan para hacer gastos adicionales; y que los sistemas de salud muy precarios son problemas estructurales que no se resuelven con asignaciones adicionales en el presupuesto.
Esta panorámica enmarca la necesidad de garantizar en enfoque de derechos, tener esfuerzos de cohesión social y cohesión económica de manera más integral; así como la focalización del gasto y la armonización fiscal.
Un desafío al que se enfrentan los países en la región; y en el cual el SICA tendrá un rol importante desde la integración regional, el reto está en que las medidas que se propongan tengan aceptación en la población de Centroamérica y puedan ser traducidas a políticas públicas o leyes que permitan darle una durabilidad en el tiempo.
