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Se prevé la caída económica más fuerte desde 1930.
La coyuntura que nos impone la pandemia provocada por la COVID-19, pero sobre todo las consecuencias a futuro una vez pase la emergencia sanitaria, hace cada vez más clave el papel de la cooperación internacional para apoyar a los países más afectados por la crisis, y las problemáticas específicas de los países de renta media.
 
Nos encontramos en una situación en la que “buscamos protección en el Estado que está asumiendo un papel central para asumir este virus y mitigar el impacto económico y social de esta crisis. La pregunta es ¿quién paga la crisis? Podemos pedir dinero y devolverlo con intereses; pero de este modo, haremos pagar al futuro por nuestros problemas de hoy y el pago de la deuda nos hará gastar menos en otros servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las pensiones”, manifestó Sonia González, Coordinadora del Área de Políticas de Gobernanza Democrática de la FIIAPP.
 
Ante un escenario poco alentador en el que el impacto de la crisis se ha visto maximizado en los sectores sociales más vulnerables, Noel Pérez Benítez, Jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea que “la caída de la actividad económica va a ser del 5,3% del PIB, la caída más fuerte de la actividad económica; y que se espera que incremente la pobreza, 28,7 millones de personas adicionales en condiciones de pobreza y en pobreza extrema casi 16 millones de personas adicionales”.
 
Sebastián Nieto Parra, Jefe de Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), suma a este escenario que “Estamos entrando en esta crisis con un bajo espacio fiscal, con una estructura tributaria que no es sostenible en el tiempo y que tenemos que aprovechar, quizá desde la economía política detrás de esta crisis, para avanzar en esta reforma pendiente que tenemos del lado fiscal en la región”.
 
Aunque es de aclarar, “No todos los países tienen el mismo nivel de endeudamiento, hay unos que pueden llevar la crisis no tan mal como se esperaría”, enfatizó Rodrigo Méndez Maddaleno, Economista del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
 
Cada vez, se vuelve necesario y urgente trabajar en planteamientos conjuntos de ayuda internacional, para generar alivios en el pago de las deudas nacionales, con el fin de darles un espacio a los países para atender la emergencia sanitaria y social que ya se está enfrentando, para esto la focalización del gasto es clave, pues “Una mayor carga tributaria no nos asegura un Estado capaz de ejecutar, lo que tenemos que demostrar es un Estado efectivo que sepa entregar la ayuda donde se debe”, añadió Maddaleno.
 
“Como medida inmediata, la OCDE trabaja en un plan Marshall global, es decir, de qué forma buscamos un paquete de recursos financieros para responder a esta crisis, en la cual cada país tenga su voz, y saber cómo se encaminan mejor estos recursos, facilitar el diálogo entre diferentes actores que permita la gestión de este plan”, añadió Parra.
 
Y es que “la crisis está afectando con mucho énfasis a los países que tienen un menor espacio fiscal y a aquellos sectores sociales más vulnerables, es de pensar en políticas fiscales en función de los efectos asimétricos que se puedan tener en la población”, complementa Peggy Martinello, Directora del Área de Administración Pública y Asuntos Sociales – APAS de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas – FIIAPP.
 
En el período de febrero a marzo, “en América Latina en este año, desapareció el financiamiento externo y capitales que estaban en nuestros países, se fueron a mercados más seguros o a países más desarrollados, una salida masiva de activo. Debemos encontrar mecanismos que permitan reciclar esos flujos y que vuelvan a la región. Los desafíos son enormes, hay grandes temas de financiamiento y grandes incertidumbres, sobre cómo vamos a salir de esta situación los países de la región”, expresó Christian Daude, Director de investigaciones socioeconómicas de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
 
“Necesitamos ofrecer una respuesta específica a los países de renta media ante la drástica caída de sus ingresos. Es importante que sumemos nuestros esfuerzos para evitar que la crisis económica y social en curso se traduzca en retroceso después de muchos años”, expresó Laure Rogès, Representante de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo - DG DEVCO de la Comisión Europea.
 
A lo que Gonzalo Arias, Director de Cooperación y Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), sugiere “Como los recursos son limitados, hay que elegir qué hacer. Tenemos desafíos tradicionales, la informalidad, la evasión, el fraude, entre otros; y tenemos los nuevos desafíos como la economía digital y la propia crisis de la COVID-19; estos se interrelacionan. Hay que revisar la política tributaria, no desde la creación de nuevos impuestos, sino desde la adecuación de los impuestos existentes o trabajar más en medidas anti abusos, tratados para evitar la doble imposición, etc. Hay mucho que hacer en términos de eficiencia de administración tributaria. La idea es lograr más con menos recursos, confiar en la tecnología, hay que mejorar el management de la administración tributaria”.
 
“Cuando se habla de ingresos y gasto, hay un tema en el medio, eficiencia y corrupción. Ambas son una bomba explosiva que hay que considerar, porque son la mitad de los problemas que tenemos en los países en desarrollo”, complementó Arias.
En este sentido, “el rol de la comunicación y la transparencia que puedan tener las instituciones y los de los Estados hacia la ciudadanía es clave, se trata de generar confianza, se trata de asegurar la cohesión social para encontrar una adhesión a estos pactos fiscales”, abonó Martinello.
 
Los ponentes del webinario “Cooperación fiscal y financiera en los países de renta media” concluyeron que hay que seguir fortaleciendo las instituciones con visión país. Hay que tomar decisiones informadas y en consulta con la sociedad, implementar y corregir desvíos. Esta crisis representa para muchos países la oportunidad única para plantear reformas, pues se ponen en evidencia las carencias y desigualdades que se tienen. Ante lo cual, se debe pensar en invertir y fortalecer el estado de bienestar en América Latina, repensar nuestra producción y los pactos sociales en nuestras sociedades.

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