El aumento progresivo de la severidad en la pandemia de la COVID-19, ha exigido que los gobiernos tomen medidas restrictivas para frenar su expansión. El distanciamiento social, la cuarentena y la paralización de la economía, está afectando a los grupos más vulnerables, trabajadores informales y de bajos ingresos, mujeres, ancianos y migrantes.

 

Los gobiernos de la región están interesados en tomar acciones y utilizar sus distintos programas de protección social para atender a las necesidades de estos grupos vulnerables en esta fase de emergencia.

 

Ante este reto, la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) coorganizó con el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL) el primer webinario “Protección Social y COVID-19: oportunidades y desafíos en la región SICA”, que contó con más de 240 participantes, entre expertos y funcionarios de gobiernos de la región y de organismos internacionales de 20 países de América Latina y el Caribe, Europa y África y de diferentes instancias sociales que conforman el Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS).

 

“Hoy a las 9:00 a.m. tenemos 2,730 casos confirmados y 89 fallecidos en la región SICA”, expresó Alfredo Suárez Mieses, Secretario General de la SISCA, en sus palabras de apertura del webinario realizado el 31 de marzo.

 

Por su parte, el Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea-Nicaragua y ante el SICA, Laurent Sillano, comentó que: “Tanto en la Unión Europea como en América Latina, la comunidad del desarrollo está muy interesada en conocer reflexiones sobre temas de protección de la población más vulnerable, resiliencia y respuesta multidimensional a esta epidemia”.

 

El Director Regional del World Food Programme, Miguel Barreto, señaló que la crisis de la COVID-19 agudizará las vulnerabilidades estructurales existentes y posiblemente creará nuevas. “Las redes de protección social pueden adaptarse, expandirse y usarse para asistir a poblaciones afectadas por crisis, considerando que cubren a más de 200 millones de personas en América Latina y el Caribe o 35% de la población total de la región”, dijo Barreto.

 

El Sr Barreto agregó que solamente las transferencia monetarias condicionadas cubren 130 millones de personas, según una muestra de 20 países de la región que se realizó con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

 

Proyecciones de la Cepal en esta crisis estiman una contracción del Producto Interno Bruto regional (PIB) de -1,8% que podría conducir a un aumento de la tasa de desempleo de hasta un 10%, pasando de 8.2% a alrededor de 18%. Esta contracción económica impactará en las tasas de pobreza pasando del 29.8% a 35.4% (de 185 millones actuales a aproximadamente 220 millones de personas) en tanto que la pobreza extrema saltará de 10.8% a 14.5% (de 67,4 millones a 90 millones de personas).

 

Esta situación pone a los programas de protección social de los gobiernos como mecanismos de respuesta de primera línea a las necesidades de los afectados por esta crisis.

 

Simone Cecchini, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, indicó que los ministerios de desarrollo social en la región deben garantizar las transferencias monetarias por unos tres a seis meses para satisfacer las necesidades del sector informal de la población.

 

Por su lado, Ana Solórzano, Asesora Regional de Protección Social del WFP, dijo en el webinario que la crisis requiere un replanteamiento de los diferentes programas sociales para atender las necesidades, de usar las herramientas existentes sin necesidad de reinventar la rueda.

 

Solórzano apuntó que 23 países de la región ya han puesto en marcha medidas a través de la protección social como: la expansión de programas sociales a través de la incorporación de nuevos beneficiarios o de aumento en los montos; de ajustes al diseño de programas existentes como el adelanto de los pagos o la flexibilización de las corresponsabilidades de los programas, además de la creación de nuevos programas y bonos, que en de alguna manera se apalancan de la protección social.

 

Dentro del webinario, expertos de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador presentaron ejemplos de cómo sus programas de protección social han estado respondiendo a la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19.

 

En Colombia, Susana Correa Borrero, Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, compartió las medidas de emergencia con el uso de programas sociales como familias en acción, jóvenes en acción, devolución-compensación de IVA, ingreso solidario, adulto mayor, víctimas atención humanitaria, víctimas reparación administrativa, canastas nutricionales y mercados; mediante donaciones y apoyo del sector privado.

 

En Costa Rica, Leonardo Sánchez, Director de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública MEP, compartió el protocolo general para la distribución de alimentos tras el cierre de las escuelas y los ajustes al programa de comidas escolares para que los estudiantes siguieran recibiendo sus alimentos.

 

Desde El Salvador, Irma Yolanda Núñez, Coordinadora Técnica Política Social del Despacho Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete del gobierno, mostró el Modelo de Protección Social Reactiva ante Emergencias que se implementó como respuesta a la sequía prolongada en 2018.

 

Por su parte, desde República Dominicana, Héctor Medina, Subdirector de Progresando con Solidaridad, comentó, entre otros programas, sobre el Programa temporal #QuédateEnCasa que busca beneficiar a 1.500.000 de hogares dominicanos que recibirán transferencias monetarias a través de la tarjeta Progresando con Solidaridad, para ser usadas en la compra de alimentos en la Red de Abastecimiento Social (RAS), desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2020.

 

Finalmente, el experto de EUROsociAL, Fabio Boscherini, se refirió a las medidas puestas en marcha por el gobierno de Italia, destacando la necesidad de una respuesta coordinada en las tres dimensiones de la emergencia – sanitaria, económica y social – y mostrando como en ese país (y en España y otros europeos) se están privilegiando la protección del empleo, la seguridad de los ingresos (para todos) y la liquidez a las empresas. Terminó con una mención al papel fundamental de la sociedad civil para potenciar la capacidad de acción de la protección social, una fuerza que los poderes públicos es importante que valoricen.

 

Moderó el foro web, Rodolfo Beazley, Experto Senior en Protección Social de Oxford Policy Management.

 

Mira el webinario completo aquí https://bit.ly/2xK4Gog

 

Descarga las presentaciones aquí https://bit.ly/2UD0Aaq